El contralor general de la República (CGR), Jorge Bermúdez ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen el traspaso de dineros del Estado a fundaciones.
Esto, tras el escándalo de los millonarios convenios que firmó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, entidad representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática) y que ahora está siendo investigada por el Ministerio Público por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.
La medida del contralor, instruida a todas las divisiones regionales, fue comunicada públicamente por el propio Bermúdez esta mañana, en medio de su exposición ante la Comisión de Función Jurisdiccional del Consejo Constitucional.
Según lo que se conoce hasta ahora, Democracia Viva firmó tres convenios por valor de 426 millones de pesos, con el ahora exseremi Carlos Contreras (también militante de RD), que había sido asesor cercano de Pérez y quien fue el primero en renunciar una vez estalló el caso a principios de la semana pasada) para, supuestamente, colaborar en la ayuda de viviendas precarias.