Un estudio reciente de Atisba Monitor, una oficina de urbanismo con más de 25 años de experiencia ha revelado un preocupante aumento de homicidios en zonas rurales de la Región Metropolitana, un fenómeno que han denominado “colonización criminal”.
El informe que fue elaborado hasta enero de este año, pero que fue publicado en los últimos días, evidencia un fenómeno que hemos venido advirtiendo como medios de comunicación.
El informe, que analizó 556 homicidios consumados ocurridos en 2024, utilizando datos de la Fiscalía, medios de prensa y el Sistema Táctico Operativo Especial (STOP) de Carabineros de Chile, evidencia un incremento significativo en la violencia en áreas tradicionalmente consideradas más seguras.
La investigación, que se basó en una exhaustiva revisión de fuentes y datos oficiales, encontró que el porcentaje de homicidios en el anillo rural de Santiago aumentó del 12% en 2023 al 15% en 2024.
Las mayores alzas se concentran en Talagante, El Monte y Peñaflor, comunas ubicadas en el corredor Maipú-Melipilla, donde se observa una combinación de clanes chilenos que disputan el control de ciudades intermedias y bandas internacionales que aprovechan la escasa presencia policial.
Este fenómeno, denominado “colonización criminal”, representa una preocupación creciente para las autoridades y la población local, ya que implica la expansión de la violencia hacia zonas que antes se consideraban refugios seguros.
De hecho, se establece que bandas criminales nacionales e internacionales se disputan ciudades intermedias, como Talagante, Peñaflor o Melipilla y que aprovechan la menor densidad poblacional y la poca presencia policial en las zonas rurales.
Atisba Monitor cuestiona la efectividad del plan “Calles Sin Violencia” del gobierno, argumentando que es necesario implementar una estrategia más agresiva e integral que aborde los factores sociales y urbanos que contribuyen a la violencia.
El estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas rurales de la Región Metropolitana, mediante una mayor presencia policial y la implementación de políticas públicas que aborden las causas profundas de la violencia.