La Fiscalía ha citado a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para declarar en relación con el otorgamiento de pensiones de gracia.
El Ministerio Público continúa investigando presuntas irregularidades en la entrega de estas pensiones a personas lesionadas durante el estallido social. El informe de la Contraloría, publicado hace casi tres semanas, expuso una posible responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, hay antecedentes que indican que algunos de los beneficiarios tenían más de diez condenas por diversos delitos.
Las autoridades citadas para declarar incluyen a las del INDH, donde se recibieron las denuncias, y del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, que otorgó la recomendación final para las pensiones. Varios diputados han expresado sus opiniones sobre el caso. Tomás de Rementería, diputado independiente de la bancada socialista, insistió en que, a su juicio, no se cometieron delitos, pero apoyó la aclaración de cualquier falencia que pueda haber existido.
Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, pidió la salida de las autoridades que, a pesar de tener los antecedentes penales de los beneficiarios, los ignoraron por razones ideológicas.
El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, sostuvo que el INDH demostró ser incapaz de realizar un filtro al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia.
Las actas del consejo del INDH revelaron que sus integrantes recibieron 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, y todos, sin excepción, fueron acreditados como víctimas