En los últimos cuatro días han ocurrido al menos 18 homicidios en el país, la mayoría de ellos se han centrado en la Región Metropolitana.
Una cifra que es el reflejo de una tendencia que se observa este año, considerando que el número de asesinatos del primer trimestre de 2024 presenta un alza de 22% en contraste al mismo período del año pasado.
Debido al recrudecimiento de la violencia, la mañana de hoy miércoles, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá se reunió con el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.
La vicepresidenta Tohá señaló que los hechos ocurridos en los últimos días son motivo de gran preocupación, que requieren un esfuerzo adicional con el despliegue de estrategias que complementen lo que se está haciendo como Estado.
Tohá detalló la serie de medidas que se establecieron para hacer frente a esta compleja situación; entre ellas, la primera es crear una fuerza de tarea conjunta entre Carabineros y la PDI, con apoyo de la Fiscalía, relacionada con sus capacidades de inteligencia.
Además, señaló Tohá, a nivel de Carabineros habrá un reforzamiento de dotaciones. Por ejemplo, 500 policías a punto de egresar se quedarán en la región Metropolitana.
Junto con ello, se reordenará la actividad en comisarías y cuarteles, para poner a disposición más personal para los territorios.
Por su parte, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve contó que, con respecto a la balacera que terminó con cinco fallecidos en Lampa, todos son de nacionalidad extranjera.
Esto –dijo- vuelve a colocar el foco en la necesidad de tener control migratorio efectivo, por lo que junto a la Policía de Investigaciones se va a proponer una estrategia de fortalecimiento del control migratorio en la región Metropolitana.
Finalmente, Monsalve descartó que el Gobierno decrete Estado de Sitio en la región Metropolitana tal como lo solicitó el senador José Miguel Insulza (PS).
No obstante, fue claro en señalar que “nunca el Gobierno descarta ninguna herramienta constitucional que tenga”.