En medio de una creciente crisis de seguridad, los legisladores chilenos están considerando la posibilidad de suspender su receso parlamentario para acelerar la tramitación de varias iniciativas de seguridad pendientes.
Estas iniciativas forman parte de un paquete de 31 proyectos de ley, conocido como “fast track legislativo”, destinado a abordar la crisis de seguridad en el país.A pesar de los compromisos del Gobierno y del Congreso de aprobar todas las iniciativas para fines de 2023, solo se lograron despachar 22 proyectos, lo que representa un 70% del paquete.
Entre las iniciativas aprobadas se encuentran la Ley Naín-Retamal, la Ley Marco sobre Ciberseguridad, la ley que sanciona los actos preparatorios de sicariato y la Ley de Usurpación.Sin embargo, quedan pendientes importantes iniciativas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la Ley de Inteligencia, la Ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza, la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, y la Ley de Infraestructura Crítica.
Andrés Jouannet, diputado de Amarillos y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, calificó el debate de “demagógico” y enfatizó la necesidad de una tramitación más eficiente en lugar de más sesiones.
Por otro lado, el senador independiente Kenneth Pugh, miembro de la comisión de Defensa Nacional, aseguró que su equipo trabajará en la preparación de indicaciones legislativas durante febrero.
A pesar de la complejidad de los proyectos, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, confirmó su disposición para tramitar de manera extraordinaria si es necesario.