Una nueva arista del denominado caso Grúas comenzó a ser investigada por la Fiscalía Occidente, luego de que al menos dos exfuncionarios de Carabineros entregaran declaraciones bajo reserva de identidad respecto de presuntas irregularidades vinculadas al retiro de vehículos desde la Tenencia de Melipilla.

Los antecedentes corresponden a hechos ocurridos en 2019 y fueron incorporados a una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra cinco exuniformados, a quienes se atribuyen, preliminarmente, delitos reiterados de cohecho y soborno.

La acción judicial apunta a establecer eventuales responsabilidades en el retiro y traslado irregular de vehículos hacia un aparcadero particular.

Según los antecedentes expuestos por el CDE, en la operación habría estado involucrada la empresa ACN, vinculada a los empresarios Francisco Cortéz y José Williamson.

La querella sostiene que, mediante pagos de dinero, algunos funcionarios habrían permitido retirar vehículos desde dependencias policiales sin que estos quedarán registrados en los sistemas institucionales.

De acuerdo con la acción judicial, los pagos señalados correspondían a 40 mil pesos por cada camión y 20 mil pesos por cada vehículo.

El objetivo habría sido trasladar los móviles hasta un aparcadero particular, generando beneficios económicos para sus responsables. Cortéz y Williamson ya fueron condenados por delitos de corrupción relacionados con la investigación iniciada en 2019.

La causa tiene como antecedente una investigación anterior por corrupción en Carabineros, en la que fue condenado el entonces general Manuel Iván Valdés Pinochet por soborno reiterado y asociación ilícita.

Recibió una pena de cinco años de libertad vigilada, una multa de ocho millones de pesos y la inhabilitación para ejercer derechos políticos durante ocho años, una vez ejecutoriado el fallo. También fue condenado el excomandante Ismael Cid Riffo.

El CDE había presentado la nueva querella ante el Tribunal de Garantía de Melipilla, pero el proceso quedó detenido debido a una contienda de competencia con el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

En junio se declaró la incompetencia del tribunal melipillano y esta semana los antecedentes ingresaron a la judicatura capitalina, quedando la investigación a cargo del fiscal de la Fiscalía Occidente Eduardo Baeza.

Las nuevas diligencias deberán determinar si existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades penales.

Carabineros señaló que no se referiría al caso, indicando que se trata de hechos investigados previamente y que la institución adoptó en su momento medidas administrativas respecto de los funcionarios involucrados.