LLa situación financiera de la Corporación Municipal de Educación de Talagante, Talaeduca, sumó un nuevo capítulo luego de que el Concejo Municipal aprobara una modificación presupuestaria por $195 millones destinada al pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la educación.
La medida fue rechazada por los concejales republicanos Patricio Brown y Marcela Jofré, quienes cuestionaron principalmente que los recursos utilizados provengan del royalty minero.
Patricio Brown, lo explicó de esta forma.
Ambos ediles sostuvieron que existen dudas respecto de la forma en que estos fondos serán justificados y utilizados.
El concejal Patricio Brown explicó que, antes de la votación, junto a su compañera de bancada se reunieron con representantes de un sindicato de profesores, instancia en la que expusieron los motivos de su negativa al traspaso de recursos.
Brown señaló que una de sus principales preocupaciones está relacionada con la situación financiera de Talaeduca, calificándola como “extremadamente preocupante”, especialmente considerando que la propia administración de la corporación reconoció una millonaria deuda en la querella presentada por la estafa telefónica que significó el robo de $408 millones.
El concejal también manifestó inquietud por el futuro de las obligaciones financieras de la corporación ante el proceso de reorganización de la educación pública.
Según indicó, la secretaria general de la nueva estructura educativa le habría señalado que las deudas de las corporaciones municipales no serán heredadas por los SLEP.
A juicio de Brown, esto significa que las obligaciones financieras que mantiene Talaeduca podrían permanecer en el ámbito municipal y deberán ser abordadas durante el próximo año, situación que, aseguró, requiere claridad respecto de quién asumirá finalmente esos compromisos.
La discusión sobre el uso de los recursos y el millonario déficit de Talaeduca se mantiene así como uno de los principales temas financieros que deberá enfrentar el municipio, mientras continúan las gestiones para garantizar el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de la educación.
