El consejero regional por la provincia de Melipilla, Javier Ramírez, se refirió al fallo de la Corte Suprema que restringe el uso de los buses eléctricos financiados por el Gobierno Regional a prestaciones de carácter social, descartando que sean utilizados como un servicio de locomoción colectiva, como ocurría en la comuna de El Monte, donde se originó la controversia judicial.

Respecto de la situación montina, Ramírez, quien conoce los antecedentes en su calidad de abogado, señaló que, según su información, el municipio no se presentó a defender su posición durante los alegatos realizados tanto en la Corte de Apelaciones de San Miguel como en la Corte Suprema.

Desde su perspectiva jurídica, explicó que uno de los elementos que distingue el caso de El Monte es que el funcionamiento de estos buses habría generado una competencia con los servicios de transporte público establecidos, situación que, a su juicio, no se produciría en otras comunas que también cuentan con este tipo de vehículos.

Finalmente, el consejero regional fue consultado sobre las atribuciones del CORE para establecer condiciones al momento de aprobar el financiamiento de estos proyectos, particularmente si puede determinar que los buses sean destinados exclusivamente al traslado de niños y adultos mayores.

La discusión abre interrogantes sobre el alcance de las facultades del Gobierno Regional para regular el uso de los vehículos que financia y las condiciones que deben cumplir los municipios beneficiados.