La Contraloría General de la República emitió el dictamen N° 357, mediante el cual acogió parcialmente las denuncias presentadas por dos concejales de Curacaví y determinó que el actual director de Control de la Municipalidad, Jaime Melis Hidalgo, se encontraba legalmente inhabilitado para ejercer funciones en el municipio.
Según el pronunciamiento, el abogado mantuvo vigente el patrocinio de diversas causas judiciales iniciadas por denuncias de inspectores municipales, las que continuaron tramitándose mientras ya era funcionario de la Municipalidad de Curacaví.
Para la Contraloría, esa situación configuró un conflicto de interés al existir litigios pendientes con la misma institución en la que prestaba servicios.
El organismo fiscalizador ordenó a la Municipalidad declarar la nulidad de todos los nombramientos que desempeñó Melis Hidalgo, tanto como funcionario del Departamento de Educación, director de Control suplente, prestador de servicios a honorarios y, posteriormente, como director de Control titular.
Asimismo, instruyó al municipio disponer las medidas necesarias para el reintegro de las remuneraciones percibidas por el funcionario, al estimar que la inhabilidad era conocida o debía ser conocida por el propio abogado.
Además, ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de quienes participaron en su nombramiento.
Al respecto conversamos con el Alcalde de Curacaví, Christián Hernández quién señaló que acatará las instrucciones de Contraloría.
La Contraloría no acogió la denuncia que apuntaba a una eventual falta de imparcialidad del alcalde en el concurso para proveer el cargo de director de Control.
El organismo señaló que no se acreditó la existencia de una relación de amistad u otra circunstancia que comprometiera la objetividad de la autoridad comunal durante el proceso de selección.
Finalmente, el alcalde de Curacaví, indicó que también proveerá los sumarios correspondientes para determinar quiénes fueron los responsables de no revisar en mayor detalle los antecedentes previos al nombramiento, porque su intención es dejar todo claro y transparente.
En el mismo dictamen, la Contraloría desestimó la denuncia que acusaba al funcionario de tramitar causas judiciales durante su horario laboral, al no existir antecedentes suficientes que permitieran acreditar esa situación.
