La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una modificación, acordada con la Asociación de Gobernadores Regionales, que permite a los gobiernos regionales destinar a otras materias los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, creado para mejorar el transporte en zonas rurales.
El diputado republicano Juan Irarrázaval votó en contra y advirtió que la decisión deja nuevamente en segundo plano a las provincias de Melipilla, Talagante, Maipo, Chacabuco y Cordillera.
Recordó que en 2024 el Congreso aprobó una ley de subsidio al transporte público, que no se implementó en 2025 y que ahora se vuelve a postergar mediante la Ley de Presupuestos.
El parlamentario también criticó la gestión del gobernador Claudio Orrego, a quien responsabilizó por la falta de soluciones para las comunas rurales.
Afirmó que esos territorios son tratados como el patio trasero de la región en materia de conectividad.
Según afirmó, esa normativa no se implementó durante 2025 y ahora se pretende postergar su aplicación mediante la Ley de Presupuestos. Cuestionó que una ley aprobada por el Congreso se aplace año a año por esa vía.
Otro de sus cuestionamientos apuntó a la desigualdad en la distribución de los subsidios estatales entre Santiago y las localidades rurales.
Para graficar la desigualdad, indicó que en Santiago un pasaje de 800 pesos recibe 1.500 pesos adicionales de subsidio estatal, mientras que en su zona el aporte es prácticamente nulo: un 4% frente a un 66%.
Irarrázaval aseguró que seguirá defendiendo el uso de estos recursos para mejorar la conectividad rural, de modo que las familias de las provincias accedan a las mismas oportunidades que quienes viven en Santiago.
Con el rechazo de Irarrázaval como telón de la votación, la discusión presupuestaria deja abierto el debate sobre el destino de los recursos para el transporte rural en las provincias de la Región Metropolitana.