La entrada en vigencia de la Ley N° 21.802, el pasado 12 de agosto, modificó las reglas para la seguridad municipal y amplió las facultades de los inspectores, aunque dejando expresamente establecido que no reemplazan las funciones de Carabineros ni de la PDI.

Entre las principales novedades, los inspectores pueden detener a personas sorprendidas en delito flagrante y perseguirlas hasta comunas colindantes durante las 12 horas posteriores al hecho.

También podrán solicitar cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir durante fiscalizaciones, mientras que, ante una negativa, Carabineros podrá trasladar al involucrado a una comisaría por un procedimiento que no podrá superar una hora.

Los vehículos municipales de patrullaje pasan a ser considerados vehículos de emergencia y los inspectores podrán colaborar con las policías en controles de alcohol, drogas e identidad preventiva.

Además, los municipios deberán proporcionar equipamiento como cascos, chalecos antibalas y anticortes, esposas, bastones retráctiles, gas pimienta y dispositivos de pulsación eléctrica. Las armas de fuego continúan prohibidas.

La normativa también establece un seguro de vida mínimo de 250 UF para cada inspector y considera como agravante penal las agresiones físicas contra estos funcionarios.

Directores de seguridad e inspectores deberán acreditar mediante declaración jurada que no consumen drogas y someterse a controles aleatorios.

Los alcaldes, además, deberán realizarse al menos un test de drogas anual, con posibilidad de destitución ante un resultado positivo injustificado.

En materia tecnológica, el uso de drones y cámaras de vigilancia queda limitado a la captación de imágenes, sin grabación de audio en la vía pública.

Sin embargo, la implementación enfrenta un problema financiero: la prohibición de contratar inspectores a honorarios se cruza con el límite legal que restringe el gasto municipal en personal al 42% de los ingresos.

A esto se suma la exigencia de licencia de conducir clase F para determinados vehículos.

Por ello, el Congreso tramita una “ley corta” que busca aplazar por 36 meses la exigencia de esa licencia especial, entregar un año para acreditar la idoneidad física y psicológica del personal y permitir que municipios pequeños puedan asociarse para compartir los costos de operación.

Así, la nueva legislación aumenta las herramientas de seguridad comunal, pero también abre un complejo desafío para municipios que deberán implementar estas medidas sin contar necesariamente con mayores recursos.