
Reacciones contrapuestas en entre los parlamentarios del distrito tras la agenda de seguridad anunciada por el presidente Kast

Mientras el diputado opositor Raúl Leiva cuestionó la falta de trabajo prelegislativo y advirtió que no bastará con aumentar penas sin persecución efectiva, el oficialista Jaime Coloma valoró el respaldo a Carabineros, la penalización del crimen organizado y el fortalecimiento de las policías.
Tras la alocución nocturna del presidente José Antonio Kast centrada en la agenda de seguridad, parlamentarios del Congreso Nacional expresaron posturas contrapuestas respecto a los anuncios presentados.
Por parte de la oposición, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, el socialista Raúl Leiva, sostuvo que es primordial que el Gobierno sitúe la seguridad pública como eje central de su gestión, superando lo que a su juicio han sido abordajes limitados al orden público.
Leiva cuestionó que los anuncios se presenten de forma inconexa respecto a proyectos en trámite y otros aún desconocidos.
Asimismo, señaló que hubiese sido preferible contar con un trabajo prelegislativo transversal en las comisiones de seguridad de ambas cámaras.
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0:00 / 0:00En contraste, el diputado oficialista UDI, Jaime Coloma, también miembro de la Comisión de Seguridad, expresó un respaldo rotundo a la agenda expuesta por el mandatario.
Coloma justificó su postura en tres puntos clave: el fortalecimiento de las condiciones para Carabineros mediante gratificaciones de riesgo y reglas claras para el uso de la fuerza, la tipificación como delito del solo hecho de pertenecer a una organización criminal, y el robustecimiento institucional de Gendarmería junto con la modernización de la Policía de Investigaciones (PDI).
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0:00 / 0:00El contraste de posturas entre parlamentarios de la Comisión de Seguridad anticipa un debate complejo en el Congreso Nacional.
Mientras el oficialismo busca acelerar el paso de las medidas para respaldar a las fuerzas policiales e institucionalizar el combate al crimen organizado, la oposición condiciona su aprobación al rigor técnico de los proyectos y a la efectividad real de las herramientas de persecución penal.
El alcance definitivo de la propuesta presidencial comenzará a medirse una vez que los textos ingresen formalmente a la tramitación legislativa.
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