El Ministerio de Justicia se encuentra en el centro de una intensa controversia política tras revelarse la concesión de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad (27 por abuso sexual y 29 por violación) entre marzo y septiembre de 2026.
Esta medida, adoptada bajo la administración del presidente José Antonio Kast, generó un fuerte rechazo transversal, motivando la suspensión temporal del beneficio y anuncios de reformas legales por parte del oficialismo.
Este polémico tema ha generado reacciones en todos los niveles políticos del país. En el ámbito local, especialmente en Melipilla, la concejala Paola Palacios (Frente Amplio) alzó la voz con dureza, calificando la decisión gubernamental como una grave señal de inmorales prioridades institucionales en la protección de la infancia.
La autoridad comunal abordó la problemática enfatizando que la protección de niñas, niños y adolescentes no puede subordinarse a decisiones de carácter político.
La concejala profundizó en el cuestionamiento al procedimiento utilizado por el Ejecutivo, señalando que existían herramientas legales para rechazar dichos beneficios y priorizar el resguardo de las víctimas menores de edad por sobre la vía administrativa directa del mandato presidencial.
Finalmente, respecto a las expectativas de reversión de esta medida y la exigencia de explicaciones directas hacia La Moneda, Palacios manifestó su esperanza en que el Ejecutivo rectifique el rumbo institucional.
Al cierre de esta edición de noticias, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebajas de condena.
La cartera también informó que impulsará cambios legales con discusión inmediata.
