El ex concejal y actual coordinador general de la coordinadora popular "Quiero mi casa", Darío Jerez, abordó el debate en torno a la asignación de viviendas sociales y los anuncios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre la fiscalización de inmuebles arrendados.
Sobre la ocupación, venta o arriendo irregular de viviendas, Jerez sostuvo que el gran responsable de esta situación es el propio SERVIU:
En esa línea, Jerez criticó el rol de las Entidades Patrocinantes (EP o EGIS), señalando que algunas "hacen las cosas a la pinta de ellos" y anotan en sus proyectos a las personas que les interesan.
Asimismo, afirmó que el municipio y el Serviu "han matado a los comités de vivienda", al menos en la comuna de Melipilla.
Sobre el criterio de selección, sostuvo que se debe dar prioridad en primera instancia a la gente que está organizada en comités en virtud de la legislación vigente.
De igual modo, apuntó a las autoridades locales, manifestando que "deben colocarse la camiseta de la gente que necesita la vivienda y no del mercado ni de las EGIS".
Jerez argumentó su postura relatando la experiencia de los comités de vivienda en la zona, donde los procesos suelen demorar tres o cuatro años, existiendo casos extremos. Dijo que él trabaja con un comité que ha demorado 9 años.
En ese contexto, apeló a las autoridades indicando que el ministro tiene que ser consecuente con lo que dice , agregando que las personas deben respetar los procesos organizados y colocarse a la fila, no saltarla.
Asimismo, denunció la existencia de arreglos por la vía del "pituto" a través de gestiones directas con las EGIS o sus promotores.
Finalmente, el coordinador de "Quiero mi casa" expuso tres requerimientos clave para destrabar el sistema, pero lo más importante, dijo Jeréz es que el SERVIU cuente con entidades patrocinantes serias y moralmente responsables.
Esta problemática deja en evidencia que, más allá de la fiscalización sobre el buen uso de los inmuebles, el debate de fondo apunta al rediseño del sistema de acceso a la vivienda social, la transparencia en los comités y un control más riguroso sobre las entidades patrocinantes para garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente han esperado por años un hogar definitivo.
