Una investigación del Ministerio Público podría derivar en la formalización del concejal de Curacaví, Francisco Javier Arce Casas-Cordero, por su presunta participación en hechos que podrían constituir el delito de cohecho, relacionados con una supuesta intervención irregular de registros municipales de infracciones de tránsito.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido el 9 de junio de 2025, cerca de las 14:38 horas.
Según la Fiscalía, el entonces concejal habría contactado a V. M. C. N., quien se desempeñaba como coordinador de la unidad de informática municipal, para solicitarle intervenir el sistema computacional y eliminar o modificar registros de multas asociadas a un vehículo.
El propósito de esta eventual intervención habría sido permitir que el propietario del automóvil, identificado en el documento como C. M. y descrito como amigo del concejal, pudiera obtener su permiso de circulación pese a mantener infracciones de tránsito pendientes de pago.
La investigación busca establecer si existió una solicitud para alterar información oficial contenida en los registros municipales, con el objetivo de beneficiar a un tercero.
Esta mañana, Radioprensa conversó con el alcalde de Curacaví, Cristián Hernández, quien confirmó que esta situación fue informada oportunamente al concejo municipal y que los antecedentes llegaron a su conocimiento a través del propio funcionario encargado del área informática.
Según explicó el jefe comunal, una vez que el trabajador municipal le comunicó lo ocurrido, procedió a poner los antecedentes en conocimiento de los tribunales de justicia, cumpliendo con las obligaciones legales correspondientes.
Consultado por el avance de la investigación, Hernández manifestó que, a su juicio, la prolongada indagatoria desarrollada por la Fiscalía, le hace presumir que se habrían reunido los antecedentes necesarios que que justificen avanzar hacia la formalización del concejal por el presunto delito de cohecho.
Respecto de su eventual participación en el procedimiento judicial, el alcalde señaló que hasta ahora no ha sido requerido por los organismos persecutores, precisando que su intervención inicial consistió en recibir y entregar los antecedentes.
No obstante, aseguró que está disponible para concurrir si la Fiscalía o los tribunales lo consideran necesario.
Establecimos contacto con el concejal Francisco Javier Arce Casas-Cordero para conocer su versión de los hechos, expresando que se encontraba tranquilo y con confianza en el proceso. Señaló que siente que esta es una operación política.
El concejal UDI, agregó que no se dejará amedrentar y agradeció a la gente que ha mostrado su apoyo.
Es importante precisar que una formalización no significa que una persona haya sido declarada culpable ni que los delitos investigados estén acreditados.
Se trata de una actuación judicial en la que el Ministerio Público comunica formalmente al imputado que desarrolla una investigación en su contra por hechos que revisten caracteres de delito.
En esa audiencia también se pueden debatir eventuales medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y se establece un plazo para el desarrollo de la investigación. La responsabilidad penal deberá determinarse posteriormente, si corresponde, mediante el respectivo proceso judicial.
Por ahora, la investigación deberá seguir su curso para establecer las circunstancias de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales del acusado.
